Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Santafé de Bogotá, D.C., noviembre nueve (9) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Sentencia No. C-004/96
NORMA DEROGADA-Efectos actuales
Como la norma acusada se encuentra produciendo efectos, porque aún se encuentran en trámite investigaciones disciplinarias en las cuales se ha decretado la suspensión provisional del inculpado con fundamento en la anterior normatividad, se procederá a dictar sentencia de mérito.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
La consagración del principio de responsabilidad contractual, obedece a la necesaria articulación y armonía que debe existir para garantizar la efectividad y vigencia de los principios de transparencia, economía, de mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato y de selección objetiva que igualmente se establecen en el estatuto contractual, asi como a la necesidad de asegurar un equilibrio o balance entre la mayor autonomía y libertad de gestión contractual que se otorga a las entidades estatales, las potestades o privilegios que se les reconocen, y la finalidad de interés público o social a que debe apuntar la actividad contractual de dichas entidades, cual es la de procurarse la satisfacción de los objetos contractuales, (obras, bienes, servicios etc.), bajo una gestión signada por la eficiencia, la economía, la celeridad y la moralidad, que garantice no sólo los intereses de la administración sino de los contratistas que intervienen en la actividad contractual.
SUSPENSION PROVISIONAL EN EL CARGO/PRESUNCION DE INOCENCIA
La medida de suspensión provisional no se opone al reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia; ésta permanece incólume y sólo se destruye en el momento en que en la decisión de fondo se determina que el inculpado es responsable disciplinariamente y se le impone la correspondiente sanción. Pero para que la suspensión resulte compatible con dicha presunción, es necesario que la respectiva decisión consulte las normas sustanciales y procesales, en cuanto a que sea expedida por funcionario competente, la autorice la naturaleza de la falta, y a la justificación, necesidad, proporcionalidad y finalidad de la medida, según las circunstancias fácticas que medien en la investigación.
SUSPENSION PROVISIONAL EN EL CARGO-Término/INVESTIGACION DISCIPLINARIA-Término/REGIMEN CONTRACTUAL-Vulneración
No resultan válidos los cargos de la demanda en el sentido de que el término de la suspensión es indefinido o incierto, porque en la realidad, las investigaciones, como sucede en
Ref.: Expediente: D-863.
Tema:
Ley 80 de 1993 Artículo 58 ordinal 4o.
Demandante:
José Martín Hernández Maldonado.
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los diez y ocho (18) días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis (1996).
Sentencia C-250/96
CONTRATO DE CONCESION-Concepto
Los contratos de concesión son aquellos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.
CLAUSULA DE REVERSION
En el caso de los contratos de explotación y concesión minera, la obligación de reversión en favor del Estado no surge solamente de un acuerdo de voluntades entre el Gobierno Nacional y el contratista, sino que surge de la ley que rige el contrato, la cual dispone la reversión -a título gratuito- del campo concesionado con todas sus anexidades, como obligación a cargo del contratista -una vez extinguida la concesión-. Esta obligación tiene por objeto permitir que la explotación del yacimiento pueda continuarse cuando el contrato de concesión se extinga, y se fundamenta en razones de utilidad pública, lo que está representado en el hecho de que el beneficiario ya ha obtenido tal cúmulo de utilidades que esos bienes ya se han pagado y que la sociedad tiene derecho a seguir beneficiándose del producto de los minerales. El valor económico y pecuniario de los equipos y bienes que en razón de la cláusula de reversión se traspasan a
EXPROPIACION POR RAZONES DE EQUIDAD
Cuando la expropiación se decreta por razones de equidad, no se aplica a título de sanción por la conducta del propietario, sino en desarrollo del principio constitucional de prevalencia del interés común sobre el particular, el cual debe ceder ante aquel en caso de conflicto. Cabe advertir que generalmente, no toda expropiación es sanción, aunque eventualmente puede serlo. La expropiación sin indemnización tiene naturaleza constitucional; es decretada por decisión del legislador y exclusivamente por razones de equidad, razón por la cual no se aplica -como en los demás casos de expropiación-, a título de sanción por la conducta del propietario sino en desarrollo del principio constitucional de prevalencia del interés común. Contrario a lo que sucede en la reversión, no existe consentimiento por parte del sujeto expropiado ni acuerdo entre expropiante y expropiado, pues su finalidad es el interés público. Siendo entonces la cláusula de reversión de carácter contractual, producto de una norma jurídica y de un pacto libre y voluntario entre las partes que suscriben el convenio, mal podría especularse, como lo hace el actor, que con ello se desconozca la propiedad privada.
CONTRATO DE CONCESION
El contrato de concesión es un contrato del Estado cuya finalidad es el uso de un bien público o la prestación de servicios públicos, que en principio, como así lo dispone el estatuto superior, le corresponde prestar al Estado. Su objeto está directamente relacionado por tanto, con el interés general, el cual está representado en una eficiente y contínua prestación de los servicios y en la más oportuna y productiva explotación de los bienes estatales.
Referencia: Proceso No. D-1064
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de
Actor:
Luis Alonso Colmenares Rodríguez
Tema:
La claúsula de reversión en los contratos de explotación o concesión de bienes estatales.
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Santa Fe de Bogotá, D.C., Junio seis (6) de mil novecientos noventa y seis (1996).
Sentencia C-333/96
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Alcance/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL/RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
El actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual
DAÑO ANTIJURIDICO-Concepto
El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
Referencia: Expediente D-1111
Norma acusada: Artículo 50 (parcial) de
Actora: Emilse Margarita Palencia Cruz
Temas: El artículo 90 consagra una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado.
Daño antijurídico, conducta antijurídica y responsabilidad contractual del Estado.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Santa Fe de Bogotá, Primero (1º) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).
EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE
Ha pronunciado la siguiente
Sentencia C-388/96
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Contenido/METODO HISTORICO DE INTERPRETACION
En ejercicio del control que a
PROCESOS DE EJECUCION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE JUEZ
Es entonces la jurisdicción contencioso administrativa la encargada de resolver las controversias de todo orden que surjan de la relación contractual en la que sea parte una entidad del Estado, como también de los "procesos de ejecución", terminología que, en criterio del actor, ha de entenderse referida a la "ejecución" misma de los contratos mas no a los procesos ejecutivos, interpretación que no comparte
PROCESO DE EJECUCION
Los procesos de ejecución son aquellos que se adelantan con el fin de hacer efectivos coercitivamente derechos reconocidos, cuando su existencia es cierta e indiscutible, lo cual se realiza mediante la intervención de un juez que obliga al deudor a cumplir la prestación a su cargo o, en su defecto, a indemnizar los perjuicios patrimoniales que su incumplimiento ocasionó. Dicho proceso se inicia sobre la base de un título ejecutivo, que según el Código de Procedimiento Civil es aquél que contiene una obligación clara, expresa y exigible, que proviene del deudor o de su causante o de una providencia judicial y que constituye plena prueba contra el deudor.
PROCESOS DECLARATIVOS EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Considera
PROCESOS EJECUTIVOS-Procedimiento
El actor en ningún momento explica las razones que lo llevan a concluir que realmente existe una diferencia en la distribución de las cargas y de ningún modo es evidente que ésta exista. En ambos casos, en los procesos ejecutivos que se adelantan ante la jurisdicción ordinaria y en los que se tramitan ante la jurisdicción contencioso administrativa, el procedimiento que se sigue es idéntico, las normas aplicables a la solución de los casos las mismas, las prerrogativas de las partes y los términos que se establecen para cada etapa procesal son los mismos, debido precisamente a que el estatuto del cual forma parte la norma demandada remite a las normas del Código de Procedimiento Civil en lo no previsto en ella. No es, pues, suficiente con que se diga que las "condiciones procesales" son distintas, cuando en realidad son las mismas.
Referencia: Expediente D-1145
Norma Acusada: Artículo 75 (parcial) de
Actor: Darío Giovanni Torregroza Lara
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Santafé de Bogotá, D.C., veintidos (22) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).
Sentencia C-563/98
FUNCION PUBLICA-Noción amplia y restringida
En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines. En un sentido restringido se habla de función pública, referida al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que esta investido regularmente de una función, que desarrolla dentro del radio de competencia que le asigna
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE CONTRATISTA, CONSULTOR, INTERVENTOR Y ASESOR-Que participen en procesos de contratación
Realmente no encuentra
RESPONSABILIDAD PENAL DE CONTRATISTA, CONSULTOR, INTERVENTOR Y ASESOR-Asimilados a servidores públicos
En contra de lo afirmado por el demandante, es claro que a dichos sujetos no se les está elevando a la categoría de servidores públicos, ni desconociendo su condición de particulares. Simplemente el legislador, como autoridad competente para definir la política criminal, ha considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados, debe ser igual a la de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, o la de funcionarios al servicio de entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Tal tratamiento que, se insiste, no implica convertir al particular en un servidor público, tiene una justificación objetiva y razonable, pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con la contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los actos de la administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o interferidos por alguien que, en principio, no está vinculado por ellos. En otras palabras, la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares, no se deriva de la calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol, relacionado directamente con una finalidad de interés público.
REGIMEN DISCIPLINARIO-No puede ser aplicable a particulares/REGIMEN DISCIPLINARIO-Destinatarios/REGIMEN PENAL-Destinatarios
Es conveniente precisar y reiterar que el artículo demandado asimila la conducta del particular a la de un servidor público sólo para efectos penales; otro tipo de responsabilidad derivada de la actuación oficial, como la disciplinaria, se continúa predicando con exclusividad de los funcionarios, que tienen con el Estado una relación legal y reglamentaria. Sobre el punto
FUNCIONES PUBLICAS POR PARTICULARES-Asimilados a servidores públicos/OMISION LEGISLATIVA-Irrelevante
El segmento acusado condiciona la asimilación del particular a servidor público, para efectos penales, al hecho de que aquél asuma realmente el ejercicio de una función pública, lo cual constituye un desarrollo legal que se ajusta al espíritu de las normas constitucionales y se apoya en una realidad objetiva. Con anterioridad a
PECULADO-Concepto de bienes
El concepto de bienes es noción omnicomprensiva, porque se refiere a todo lo que una persona posee o de lo cual es dueña y que en conjunto da origen a su activo patrimonial. Por lo mismo, cuando se habla de los bienes del Estado, se hace referencia tanto a los públicos como a los privados o fiscales, según las normas civiles.
PECULADO POR EXTENSION EN RELACION CON PARTICULARES
Debe tenerse en cuenta que el delito de peculado se comete no sólo por un funcionario público, sino también por un particular que administre o tenga bajo su custodia bienes del Estado o de sus empresas o instituciones y realice sobre ellos cualquiera de las conductas previstas en el tipo penal. En sentido estricto, es pertinente observar que la norma propiamente no asimila al particular a un servidor público, pues el tipo penal se estructura bajo el entendido de que el sujeto activo de este ilícito es precisamente un particular. Sin embargo, mirada desde la perspectiva de su contenido y de la finalidad que se propone no cabe duda que se tuvo en cuenta objetivamente que la actividad del particular que realice cualquiera de las acciones descritas en el numeral 1°, constituye materialmente función pública. En relación con el segundo numeral que hace referencia a los bienes pertenecientes a empresas, instituciones que administren o tengan bajo su custodia el particular, de propiedad de asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, debe entenderse que dichos bienes, como lo señala el señor Fiscal de
Referencia: Expediente D-1989
Normas Demandadas: Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 80 de 1993, artículos 52, 53 y 56, y la ley 190 de 1995, artículos 18, 19 y 20
Actor: Nicolás Alberto Daníes Silva.
Magistrados Ponentes: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL y Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., octubre siete (7) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Salvamento de voto a
CONTRATISTA-Naturaleza (Salvamento de voto)
Los contratistas son personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que en virtud de un vínculo jurídico con un sujeto público asumen la obligación de ejecutar una determinada labor, actividad o prestación, según lo determine el objeto del contrato, con miras a realizar un fin práctico, cual es la satisfacción de ciertos intereses públicos o sociales cuya gestión corresponde a dicho sujeto.
CONTRATISTA-No puede ser asimilado a servidor público (Salvamento de voto)
Si bien el contratista colabora o es el instrumento para alcanzar un fin público, no realiza, en principio, funciones públicas, porque a diferencia del servidor público, él no desarrolla una actividad en beneficio de la administración en forma directa, permanente, y bajo un régimen legal o reglamentario, que lo coloque dentro de una especial situación de sujeción o subordinación. El servidor público es el órgano de actuación directa de la función estatal; obra a nombre y representación del Estado y su actividad tiene la virtualidad de considerarse actuación de éste y, por lo tanto, puede comprometer directamente la responsabilidad de aquél.
FUNCIONES PUBLICAS POR CONTRATISTA-Ejercicio excepcional (Salvamento de voto)
Debe tenerse en cuenta que el ejercicio de funciones públicas por un contratista constituye una situación eventual, que sólo se da dentro de ciertas condiciones específicas que deben ser determinadas por el legislador. En tal virtud, no siempre que un particular se vincula al Estado mediante un contrato de consultoría, interventoría o asesoría externa o cualquier otro, resulta ejerciendo funciones públicas, porque esta clase de funciones no surgen del contrato como resultado fatal. Todo lo contrario, el contratista sólo puede asumirlas cuando expresamente y por determinación legal se le trasladen para su ejercicio, y sólo entonces. La realización de funciones públicas por el contratista ocurre, excepcionalmente, cuando se trata del desarrollo o ejecución de objetos contractuales claramente especificados por el legislador, que ameritan el traslado a aquél de potestades o la asunción de atribuciones públicas propias del Estado y que se requieren precisamente para la ejecución cabal de los fines del contrato. Ello acontece, por ejemplo, cuando se trata de concesiones, en sus diferentes modalidades, o en la administración delegada o del manejo de bienes o recursos públicos.
FUNCIONES PÚBLICAS POR PARTICULARES-Ejercicio excepcional (Salvamento de voto)
Si bien los particulares pueden desarrollar funciones públicas, ello constituye una situación excepcional que debe ser delimitada estrictamente por el legislador; pero nunca pueden asimilarse las actividades de los servidores públicos a las de los particulares, porque cada una de ellas tienen especificidades y obedecen a criterios y a finalidades que las hacen notoriamente diferentes, mas aún cuando éstos últimos no pierden su condición de particulares por la circunstancia de que desarrollan aquél tipo de funciones.
RESPONSABILIDAD PENAL DE CONTRATISTA-No puede ser asimilada a la del servidor público (Salvamento de voto)
Acorde con los principios que informan el derecho penal en cuanto a la descripción del tipo penal y el señalamiento de la pena, estimamos que no es posible trasladar en bloque y de modo general la responsabilidad penal de los servidores públicos a los contratistas de la administración. Se requiere, por consiguiente, que el legislador señale expresamente el régimen jurídico relativo a la responsabilidad penal de los contratistas y la manera de hacerla efectiva, porque racionalmente, no es posible asimilar la responsabilidad penal de éstos a la de los servidores públicos, pues ambas obedecen a criterios y circunstancias diferentes que se deducen de distintos textos de
POSTULADO DE ORDEN JUSTO-Desconocimiento (Salvamento de voto)
La norma no supera el mínimo de justicia intrínseca que debe poseer, según el postulado del orden justo que pregona
Referencia: Expediente D-1989
Normas Demandadas: Ley 80 de 1993, artículos 52, 53 y 56. Ley 190 de 1995, artículos 18, 19 20.
Magistrados Ponentes: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Sentencia C-113/99
CONTRALORIAS-Control sobre actividad estatal
La tarea de entes como las contralorías no es la de actuar dentro de los procesos internos de
CONTRALORIA GENERAL DE
En tratándose de
PROCURADURIA GENERAL DE
En cuanto atañe a
PROCURADURIA GENERAL DE
Referencia: Expediente D-2151
Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el numeral 11 del artículo 25 de
Actor: Luis Ernesto Arciniegas Triana
Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Sentencia C-452/99
GARANTIA DE SERIEDAD DE
La finalidad de las normas demandadas consiste en asegurar la suscripción del contrato estatal de que se trate luego de que la entidad contratante ha adelantado un proceso de selección dispendioso y oneroso, así como la reparación de los daños que cause el adjudicatario que se sustraiga a la obligación de suscribir el contrato. Desde esta perspectiva, puede asegurarse que, de manera general, y como lo ha manifestado
GARANTIA DE SERIEDAD DE
La medida restrictiva que se estudia constituye un mecanismo que, en forma cierta, ágil y eficiente (v. supra), asegura la indemnidad del patrimonio de las entidades estatales que inician procesos de contratación estatal, lo cual se traduce en la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público que a tal entidad le corresponde suministrar. Adicionalmente, la exigencia de que los participantes en las licitaciones o concursos de méritos constituyan una garantía de seriedad de sus ofertas permite que, a tales procesos de selección, sólo se presenten aquellas personas con la capacidad técnica y financiera suficiente como para llevar a buen término la ejecución del contrato de que se trate en caso de que éste les sea adjudicado. En este sentido, la medida bajo estudio desestima la presentación de ofertas carentes de seriedad, cuyo estudio sólo serviría para entorpecer la buena marcha de
Referencia: Expediente D-2276
Actor: Juan Carlos Morales Trujillo
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25 (parcial) y 30 (parcial) de
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., junio diez (10) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Aprobada por acta Nº 30
Sentencia C-040/00
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE
A juicio de
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos contra una norma deben referirse al contenido en abstracto y no a sus desarrollos o aplicación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos contra una norma no pueden originarse en distorsiones que sufran por la ilegal aplicación
CONTRATACION DIRECTA-Potestad se debe ejercer con sujeción al reglamento
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No combate prácticas de apropiación del patrimonio público
DERECHO DE PARTICIPACION CIUDADANA-Control de la gestión pública contractual de autoridades estatales
Referencia: expediente D-2457
Acción pública de inconstitucionalidad en contra del parágrafo único del artículo 2º. de
Actor: Jaime Ferreira Ruiz
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DíAZ
Santafé de Bogotá, D.C., enero veintiséis (26) de dos mil (2000)
Sentencia C-1514/00
Referencia: expediente D-3026
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de
Actor: Max San Juan Barraza
Magistrado Ponente (E): Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., noviembre ocho (8) de dos mil (2000)
Sentencia C-1436/00
Referencia: expediente D-2952
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 70 y 71 de la ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto de Contratación de
Actora: Bertha Isabel Suárez Giraldo
Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre del año dos mil (2000).
Referencia: expediente D-3018
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 de
Actor: Ayda Marina Morales Ortíz
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil uno (2001).
Sentencia C-054/01
Referencia: expediente D-3100
Demanda de inconstitucionalidad contra los literales g) y h) del artículo 8o. de
Actor: Pedro José Bautista Moller
Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil uno (2001).
Sentencia C-949/01
Referencia: expediente D-3277
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 ordinal 1 literal b), ordinal 2 literales a) y b), parágrafo; artículo 6 (parcial); artículo 7; artículo 11 ordinal 3 literal a), literal b) (parcial); artículo 12; artículo 16 inciso 2 (parcial); artículo 18 inciso 2 (parcial); artículo 19; artículo 22 inciso 6; artículo 24 ordinal 1 (parcial) y literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), parágrafos 1, 2, y 3; artículo 25 numerales 10, 19 inciso 5; artículo 32 parágrafo 2; artículo 33 inciso 4 (parcial) y parágrafo; artículo 35 parágrafo 1 (parcial); artículo 36 inciso 1 (parcial) y parágrafo; artículo 37 parágrafo 1 inciso 2 (parcial) parágrafo 2 (parcial) artículo 38; artículo 39 parágrafo; artículo 42; artículo 43 y artículo 76; de
Actor: Humberto Longas Londoño
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil uno (2001)
Sentencia C-508/02
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Caducidad por vicios de forma
INHIBICION DE
REGLAMENTO DE CONTRATACION DIRECTA-Expedición no vulnera
CONTRATACION DIRECTA-Competencia en regulación
ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO-Sujeción a principios
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE
LICITACION PUBLICA-Selección del contratista
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LICITACIÓN PUBLICA-Procedimientos para escogencia del contratista
LICITACION PUBLICA-Excepción en busca de una mayor agilidad
CONTRATACION DIRECTA-Significado
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DIRECTA
CONTRATACION DIRECTA-Definición e identificación de casos por la ley
CONTRATACION DIRECTA-Definición legislativa de aspectos básicos y generales
LICITACION PUBLICA-Regla general/LICITACION PUBLICA-Excepción a regla general
POTESTAD REGLAMENTARIA-Extensión del campo para ejercicio lo determina el Congreso
CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Principios son normas de contenido específico/CONTRATACIÓN POR LICITACION PUBLICA-Aplicación estricta de principios/CONTRATACION DIRECTA-Aplicación estricta de principios
Los principios de la contratación estatal que el legislador enuncia, precisa de manera concreta y regula en los artículos 23 y siguientes de
POTESTAD REGLAMENTARIA EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Restricciones
La potestad reglamentaria que el Presidente de
CONTRATACION DIRECTA-Aplicación de principios generales a casos en que es procedente
POTESTAD REGLAMENTARIA-Existencia permanente y como atribución constitucional
POTESTAD REGLAMENTARIA EN CONTRATACION DIRECTA-Preexistencia de un contenido material legislativo/POTESTAD REGLAMENTARIA EN CONTRATACION DIRECTA-Sujeción a principios
POTESTAD REGLAMENTARIA-Término considerado como impulsor
Cuando el legislador fija un plazo para que el Gobierno ejerza su facultad de reglamentar una ley, dicho término puede ser considerado como impulsor con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes, en caso que el legislador considere que por la materia de que se trata se requiere de una pronta y urgente reglamentación. Pero dicho plazo, en todo caso no limita ni agota la posibilidad de que el Presidente de
CONTRATACION DIRECTA-Término para expedición de reglamento
Sala Plena
Referencia: expedientes D-3871
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2° del artículo 24 de
Demandante: Luis Eduardo Montoya Medina
Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil dos (2002).
Sentencia C-965/03
Referencia: expediente D-4539
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 16 de
Actor: Nestor Raúl Correa Henao
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil tres (2003).
Sentencia C-246/04
PRINCIPIO DE SEPARACION DE PODERES-Evolución histórica
PODER-División y control
SEPARACION DE PODERES, COLABORACION ARMONICA Y CONTROL MUTUO
DIVISION DE PODERES-Fiscalización y control
En términos generales la fiscalización y el control son inmanentes a la consagración constitucional de la división de poderes, y no excepción a la misma, pues el control aparece como el instrumento indispensable para que el equilibrio, y con él la libertad, puedan ser realidad.
CONTROL POLITICO DEL CONGRESO DE
CONTROL POLITICO DEL CONGRESO DE
SEPARACION DE PODERES, COLABORACION ARMONICA Y CONTROL MUTUO-Evolución en el constitucionalismo colombiano
CONTROL POLITICO DEL CONGRESO DE
PRINCIPIO DE SEPARACION DE PODERES Y COLABORACION ARMONICA-Alcance
Si bien es cierto que el principio de separación de poderes es el fundamento para el reconocimiento de la necesaria independencia y autonomía de los diferentes órganos del Estado, a fin de que puedan cumplir cabalmente sus funciones, también lo es que dicho principio debe ser interpretado en función de su vinculación con el modelo trazado en el artículo 113 Superior, según el cual, cada uno de los órganos del poder público debe colaborar armónicamente para la consecución de los fines estatales. Colaboración armónica que no implica que determinada rama u órgano llegue a asumir la función de otro órgano, pues no debe olvidarse que cada uno de ellos ejerce funciones separadas.
CONTROL POLITICO DEL CONGRESO DE
Según el artículo 114 Superior corresponde al Congreso de
CONTROL POLITICO DEL CONGRESO DE
PRINCIPIO DE SEPARACION DE PODERES, COLABORACION ARMONICA Y CONTROL MUTUO-Alcance/CONTROL POLITICO DEL CONGRESO DE
En virtud del principio de separación de poderes el Congreso y el Ejecutivo ejercen funciones separadas, aún cuando deben articularse para colaborar armónicamente en la consecución de los fines del Estado, y que ésta separación no excluye sino que, por el contrario, conlleva la existencia de mutuos controles entre órganos estatales, entre ellos, el que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo, esto es, el control político. Así mismo queda claro, que esta especie de control que ejerce el Congreso sobre el Gobierno y la administración tiene límites, pues su ejercicio no puede servir de pretexto para ejercer las funciones propias de otras autoridades ni desconocer los atributos y competencias que les ha entregado
COLABORACION ARMONICA Y CONTROL POLITICO EN CELEBRACION DE CONTRATOS Y NEGOCIACION DE EMPRESTITOS
CONGRESO DE
PRESIDENTE DE
CELEBRACION DE CONTRATOS Y NEGOCIACION DE EMPRESTITOS-Competencia dual
LEY DE AUTORIZACIONES-Carácter excepcional
LEY DE AUTORIZACIONES EN PROCESO CONTRACTUAL-Razón de ser de la competencia legislativa
La razón de ser de la competencia del legislador en estas materias radica en la necesidad identificada por el constituyente de asegurar la intervención del órgano colegiado de representación popular en un proceso que como el contractual, compromete la responsabilidad y el patrimonio nacional. De ahí que se haya dicho que la ley de autorizaciones es el beneplácito legislativo para que el Gobierno ejerza una función propia dentro de su ámbito constitucional, ya que el ejercicio mismo de la actividad contractual es una facultad privativa del Gobierno, que debe contar con la aprobación del Congreso, como manifestación del ejercicio coordinado y armónico de la función pública
CELEBRACION DE CONTRATOS POR EL PRESIDENTE DE
Se ha afirmado que frente a la facultad para celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas,
CELEBRACION DE CONTRATOS-Participación concurrente y separada entre el Congreso y el Ejecutivo
CONTRATACION-Independencia y armonización de las ramas del poder
CONTROL POLITICO SOBRE AUTORIZACION PARA CELEBRACION DE CONTRATOS Y NEGOCIACION DE EMPRESTITOS-Función de seguimiento y evaluación imparcial
Al Congreso no le corresponde limitarse a extender la respectiva autorización legal, sino que, como órgano de representación popular y en ejercicio del control político que le corresponde, también debe hacer un seguimiento y una evaluación imparcial acerca del ejercicio de las autorizaciones conferidas, como quiera que se trata del ejercicio de funciones que compromete en forma significativa los intereses nacionales.
CELEBRACION DE CONTRATOS Y NEGOCIACION DE EMPRESTITOS-Competencias separadas pero concurrentes
En lo relativo a las atribuciones consagradas en los artículos 150-9 y 189-23 Constitucionales, tanto el legislador como el gobierno ejercen en forma separada pero concurrente sus competencias, pues el primero extiende por medio de ley una autorización para contratar, y vigila efectivamente el cumplimiento de la misma como expresión del control político, al paso que el segundo tiene iniciativa exclusiva para solicitar la expedición de la ley de autorización y la competencia para celebrar autónomamente los contratos respectivos.
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-Origen y normatividad aplicable
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-Funciones
CONTROL POLITICO DEL CONGRESO DE
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-Emisión de concepto negativo vinculante
En relación con la facultad de
CONTROL DE
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-Funciones conceptuales
Por lo que hace a la restantes funciones conceptuales que cumple
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO EN MATERIA DE OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO-Función conceptual
A través de la función conceptual en cabeza de
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-Concepto sobre contratación de empréstitos
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-Concepto en materias relacionadas con crédito público
Al conceptuar en materias relacionadas con crédito público el Congreso no está expidiendo una ley de autorizaciones en la que fija parámetros y condiciones, requisitos, objetivos, fines y controles pertinentes bajo los cuales el Ejecutivo ha de ejercer su facultad administrativa en esa materia, sino que se pronuncia sobre el manejo de asuntos administrativos que pueden llegar a comprometer intereses nacionales, dada la importancia que para el funcionamiento de nuestra economía tienen los recursos obtenidos mediante las operaciones de crédito público, como quiera que son elemento esencial para suplir deficiencias en el ahorro interno y en el cambio exterior frente a las necesidades del desarrollo.
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO EN MATERIA DE OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO EXTERNO-Carácter del concepto
Si bien la función que la ley otorga a
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-Función conceptual no invade ámbito funcional el Gobierno para contratación de deuda pública
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-Mecanismo para efectivizar control político y colaboración armónica entre los poderes
COMISION INTERPARLAMENTARIA DE CREDITO PUBLICO-No cumple funciones de asesoramiento y consejo al Gobierno
Sí resulta contrario a
Referencia: expediente D-4829
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4° y 6° (parciales) de
Demandante: Andrée Viana Garcés
Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) marzo de dos mil cuatro (2004).
Sentencia C-249/04
Referencia: expediente D-4869
Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 13 de la ley 80 de 1993.
Demandante: Humberto A. Sierra Porto
Magistrado ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil cuatro (2004).
Sentencia C-800/05
Referencia: expediente D-5621
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 “Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre particulares y se dictan otras disposiciones”; el artículo 72 de
Actores : Hugo Palacios Mejía y Francisco Arturo Pinilla Vera.
Magistrado ponente :
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil cinco (2005).
DECRETO 529 DE 1999 (Marzo 24)
Por el cual se reglamentan parcialmente el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
La ley 80 de 1993 consagró principios y directrices que acercaron al derecho privado la gestión pública en razón a que adoptó el principio de la autonomía de la voluntad y de la contratación privada para el desarrollo de sus fines tratando de equilibrar al particular con el estado en la gestión negocial. El artículo 40 de la ley 80 de 1993 señala que las estipulaciones de estos contratos serán fijadas teniendo en cuenta los estatutos civiles y comerciales y además los especiales que provea ella misma en el artículo 13 de la ley 80 de 1993 se establece que los contratos que celebren las entidades estatales deben regirse por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes y en el artículo 32 establece que el contrato estatal debe cumplir con las formalidades consagradas en el derecho privado. La ley 80 consagra también la cláusula obligatoria de resolver las controversias a través de mecanismos alternos de solución de los conflictos tratando de evitar de esta forma la injerencia de los órganos judiciales en procedimientos administrativos exclusivos.
Podemos destacar que la ley 80 es otro mecanismo jurídico de corte neoliberal que ha permitido la reforma del estado dándole un sentido privatista a las actividades estatales aumentando el espacio entre lo público y lo privado de tal forma que muchos mecanismos de solución de conflictos en materia administrativa que eran ajenos al derecho público hoy los encontramos como mecanismos que permiten la solución de los conflictos a través de la conciliación contencioso administrativa decreto No. 171 de 1993
LEY 80 DE 1993
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
Fuentes: Diario Oficial, no. 41094 (Octubre 28 de 1993) p. 1-16.
Temas: Contratos administrativos.
Reglamentación: Decreto 2251 de nov. 11/93, DO 41.108 (nov.11/93), Reg. Parcial D. 287/96, DO.42715 (Feb.9/96) , Desarrollado art. 25, Res. 003505(Sup. Serv. Púb.), DO. 42934 (Dic 6/96), Desarrollado art. 25, Res. 003506 (Sup. Serv. Púb.), DO. 42934 (Dic 6/96). Reglamentada parcialmente por D. 1436/98, DO. 43351 (jul. 31/98). Modificada parcialmente por D. 626/2001, DO.44394 (abr. 20/2001). Artículo 54 derogado por L. 678/2001 DO, 44509 (ago.4/2001). Artículo 41 par. 3 reglamentado por D. 2504/2001, DO. 44634 (dic. 3/2001) Artículo 25 num. 19 reglamentado parcialmente por D. 280/2002. DO.44722 (feb. 26/2002). Artículo 41 par. 3 reglamentado parcialmente D.327/2002, DO. 44732 (mar. 7/2002). Artículo 41 reglamentado parcialmente por D. 941/2002, DO. 44802 (may.16/2002). Artículo 36 reglamentado por D.1696/2002, DO44893 (ago. 7/2002). Reglamentada por D. 2170/2002, DO 44952 (oct. 3/2002). Art. 25 num. 19 reglamentado por D. 2790/2002, DO.45014 (nov. 29/02) . Artículo 13 reglamentado por D.1896/04 DO. 45575 (jun. 10/04). Artículo 13 reglamentado parcialmente por D. 2166/04, DO. 45603 (jul. 8/04).
Jurisprudencia: Consejo de Estado, (Sentencia del 23 de septiembre de 1997. Art. 75).
Sentencia C-414-94, Corte Constitucional. Sentencia C-415-94, Corte Constitucional. Sentencia C-426-94, Corte Constitucional .Sentencia C-230-95, Corte Constitucional. Sentencia C-508-95, Corte Constitucional. Sentencia C-004-96, Corte Constitucional. Sentencia C-154-96, Corte Constitucional. Sentencia C-250-96, Corte Constitucional. Sentencia C-333-96, Corte Constitucional. Sentencia C-388-96, Corte Constitucional.
Exequibles artículos 52, 53 y 56 Sentencia C-563-98, Corte Constitucional JD no. 325, ene/99); p. 140. Exequibles unas expresiones Sentencia C-113-99, Corte Constitucional JD, no. 330 (jun/99), p. 1115. Exequible un aparte del art. 30 Sentencia C-452-99, Corte Constitucional JD, no. 333/sep./99), p. 1712 . Sentencia C-040-00, Corte Constitucional. Art. 15 exequible Sentencia C-1514-00, Corte Constitucional JD, no. 349 (enero 2001); p. 141. Art. 70 y 71 exequibles Sentencia C-1436-00, Corte Constitucional JD, no. 349 (enero /01); p. 148.
Sentencia C- 006-01, Corte Constitucional. Sentencia C- 054-01, Corte Constitucional.Sentencia C- 949-01, Corte Constitucional.
Art. 24 par. 2 Sentencia C-508-02, Corte Constitucional.
Exequibles expresiones de los art. 8 y 27 Sentencia C-965-03, Corte C- 246-04, Corte Constitucional. Art. 13 exequible Sentencia C- 249-04, Corte Constitucional. Antecedentes: (GC= Gaceta del Congreso)
Proyecto No. 149/92 Senado, 205/93 Cámara GC 75/92
Ponencia primer debate Cámara, GC 141/92
Ponencia segundo debate Senado, GC 160/92
Texto definitivo comisiones conjuntas, GC 145/93
Ponencia segundo debate Cámara, GC 160/93
Conciliación, GC 218/93.
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL ORGANICO Y A NIVEL TERRITORIAL.
El articulo anterior mas que una Definición es una descripción de la forma como debe operar el municipio como principal sujeto de la autonomía en materia administrativa, lo cual se traduce en tareas de ejecución de las políticas públicas nacionales y no son propiamente entregas de facultades sino tareas para que el gobierno nacional se desentienda de su papel en los fines del estado; este articulo tiene que armonizarse con la ley 715 del 2001, con la ley 617 del 2000 y con la ley 459 de 1997 y la ley 550.
La descentralización orgánica o por servicios se encuentra plasmada en la constitución nacional artículo 210 y la ley 489 de 1998 artículos 38 Numeral 2º. articulo 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83 que remiten a la ley 100 de 1993, la ley 344 de 1996 el articulo 84 sobre empresas oficiales de servicios públicos que remiten a la ley 142 de 1994, el articulo 85 sobre empresas industriales y comerciales del estado hasta el articulo 96; articulo 97 sobre sociedades de economía mixta hasta el articulo 102; también el articulo 110 sobre el ejercicio de funciones administrativas por particulares disposiciones estas que plasman el espíritu neoliberal del estado colombiano con las tendencias a la privatización y desmonopolización a la que nos hemos referido anteriormente y que están plasmada básicamente en los artículos 333, 335, 336, de la constitución nacional.
Es de anotar como nota marginal y complementaria, el hecho judicial trascendental, en relación al proceso de transformación y modernización del Estado, y por ende el de la adaptación de su estructura administrativa, referente a el pronunciamiento de
Ley 489 de 1998 (Diciembre 29).
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades y organismos del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de
Fuentes:
Diario Oficial, no. 43464 (Diciembre 30 de 1998) p. 1- 14
Gaceta del Congreso, no. 1 (feb. 1 /99)
Legislación /Legis, no. 1111, enero. 30/88, p. 1
Publicación Legis (F-292).
Temas: Administración Pública.
Reglamentación:
Artículo 97 reglamentado por D. 529/99, DO. 4·542 (mar. 31/99).
Reglamentada parcialmente por D. 910/2000, DO. 44017 (may. 25/ 2000)
Artículo 32 reglamentado parcialmente por D.1714/2000, DO.44154 (sep. 8/2000)
Capítulo IV reglamentado por D. 2740/2001, DO. 44659 (dic. 27/2001)
Jurisprudencia:
Inexequibles unas expresiones Sentencia C-702-99, Corte Constitucional
Artículo 110 y 111 Sentencia C-866-99, Corte Constitucional
Expresiones inexequibles Sentencia C- 953-99, Corte Constitucional JD, no. 339 (mar. /00); p. 426.
Artículo 12 Sentencia C- 727-00, Corte Constitucional
Artículo. 42 exequible con excepciones Sentencia C- 1437-00, Corte Constitucional Jurisprudencia y Doctrina/ Legis, no. 348 (dic. /2000)
Artículo 152 Sentencia C- 458-04, Corte Constitucional.
Antecedentes: (GC= Gaceta del Congreso)
Proyecto No. 295/97, 51/97 Cámara, 170/97 Senado GC 127/97, 349/97
Ponencia primer debate Cámara, GC 216/97, GC 491/97
Ponencia segundo debate Cámara, GC 527/97
Ponencia primer debate Senado, GC 216/97, GC 491/97
Ponencia segundo debate Cámara, GC 527/97
Ponencia primer debate Senado, GC 72/98, 245/98
Ponencia segundo debate Senado, GC 294/98
Texto definitivo Senado, GC 333/98
Texto Comisiones de Conciliación, GC 364/98, p. 34
Texto comparado Cámara, Senado, Conciliación, GC 396/98, p. 11 (aprobado dic. 15/98), 397/98, p. 13
Ley 715 de 2001 (diciembre 21)
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de
Fuentes:
Diario Oficial, no. 44654 (diciembre 21 de 2001) p. 1- 24
Gaceta del Congreso, no. 69 (abr. 2 /2002)
Legislación / Legis, no. 1183 (enero 30/ 2002); p. 1
Temas:
Competencias de
Competencia en materia de educación
Competencia en materia de salud
Sistema General de Participaciones.
Reglamentación:
Reglamentada parcialmente por D. 159/2002, DO. 44693 (enero 31/2002)
Artículo 6, 7 reglamentados parcialmente por D. 300/2002, DO. 44732 (mar. 7/2002)
Artículo 41 reglamentado parcialmente por D.457/2002, DO. 44739 (mar. 14/2002)
Artículo 78 reglamentado por D. 849/2002, DO. 44790 (may. 4/2002)
Artículo 11, 12, 13 y 14 reglamentado parcialmente por D.992/2002, DO.44809 (may. 23/2002).
Artículo 68 reglamentado parcialmente por D. 1015/2002, DO.44814 (may.28/2002).
Artículo.61, 62 y 63 reglamentados parcialmente por D. 1338/2002, DO 44850 (jun. 29/2002)
Artículo 83 inc. 4 corregido yerro por D. 1512/2002, DO.44883 (jul. 30/2002)
Artículo 23 y 27 (parcial) reglamentados por D. 1528/2002, DO 44883 (jul. 30/2002)
Reglamentada parcialmente por D. 1745/2002, DO. 44893 (ago. 7/2002)
Reglamentada parcialmente por D.2794/2002, DO. 45014 (nov. 29/02)
Corrección yerro en D. 2978/2002, DO 45026 (dic. 9 /02)
Artículo 68 reglamentado parcialmente por D. 3023/2002, DO. 45030 (dic. 12/02)
Artículo 15 par. 3 reglamentado por D. 3191/02, DO. 45049 (dic. 30/02).
Artículo 44 par. Reglamentado por D. 27/2003, DO. 45060 (ene. 11/03)
Artículo 69 reglamentado parcialmente por D. 102/03, DO 45070 (ene. 21/03)
Artículo 41 reglamentado parcialmente por D. 850/03, DO 45152 (abr. 7/03)
Artículo 22 reglamentado por D. 3222/03, DO 45368 (nov. 11/03).
Artículo 18 parcial reglamentado por D. 3752/03, DO. 45410 (dic. 23/03)
Artículo 58 par. Literal. a), b) reglamentados por R. 3815, DO. 455392 (dic. 5/03).
Reglamentada parcialmente por D. 177/04, DO. 45443 (ene.27/04)
Artículos. 61, 62 y 63 reglamentados por D. 306/04, DO. 45450 (feb. 3/04)
Artículo 81 reglamentado por D. 456/04, DO. 45465 (feb. 18/04)
Artículo 24 inc. 6 reglamentado por D. 1171/04, DO. 45525 (abr. 20/04)
Artículo 42 reglamentado parcialmente por D. 2193/04, DO. 45604 (jul. 9/04)
Artículo 81 reglamentado parcialmente por D.2277/04, DO45611 (jul. 16/04)
Artículo 16 num. 16.2 inc. 1 reglamentado por D. 2833/04, DO. 45664 (sep.7/04)
Jurisprudencia:
Artículo 65 inexequibles expresiones Sentencia C-615-02, Corte Constitucional
Artículo 74 num. 14, art. 76 numeral 16 inexequibles Sentencia C-617-02, Corte Constitucional.
Varios artículos Sentencia C-618-02, Corte Constitucional
Artículo 111 numeral 1 inexequible Sentencia C-097-03, Corte Constitucional JD, no. 377 (mayo/03); p. 966
Artículo 42.20 parcial inexequible.
SANCIONADA LEY QUE REFORMA
Entre los aspectos más sobresalientes de la ley 1150 los nuevos procedimientos de selección de contratistas y la eliminación de los privilegios de contratación directa.
Luego de varios intentos consecutivos para reformar la contratación pública colombiana, el pasado 16 de julio se expidió la reforma a
Por eso, la nueva ley está pensada para hacer más limpia y expedita la contratación estatal, con la reducción de las posibilidades de contratación directa y la inclusión de procedimientos que no requieren tanto tiempo ni trámite.
Expertos consultados apoyan la reforma y la consideran necesaria. Para Gonzalo Suárez, especialista en derecho administrativo,
Por su parte Carlos Naranjo, experto en contratación estatal, asegura que fue muy positivo que la ley hubiera incorporado los desarrollos jurisprudenciales que las altas cortes habían efectuado entre los puntos más confusos de la ley 80.
Sin embargo por la forma como quedó redactada
En el sistema actual, gana quien tenga la mejor calificación en experiencia y capacidad técnica, financiera y administrativa. Con la nueva ley, quien presente la mejor oferta será quien tenga derecho a contratar con el Estado. Los factores de experiencia y capacidad pasan a ser requisitos para participar, no para ganar.
CUANTÍAS NO INFLUYEN PARA LICITAR
En
En adelante para elegir el procedimiento de contratación no importará mucho el monto del contrato sino la complejidad del objeto contractual.
ESTADO PODRA COBRAR MULTAS
La duda que siempre existió y que se zanjó contradictoriamente en las altas cortes sobre la facultad que tiene el Estado para cobrarles directamente a los contratistas las multas por incumplimiento sin necesidad de acudir a un proceso judicial la acaba de resolver la nueva Ley 1150: el Estado sí tendrá esa facultad.
Así, las entidades no necesitarán iniciar procesos judiciales para cobrar las multas. Es más, podrán hacerlas efectivas con compensaciones de lo adeudado al contratista y utilizar la jurisdicción coactiva.
REFORMA DE
LEY 1150 DE 2007
(JULIO 16)
PRESENTACIÓN
La normativa introduce medidas para la eficiencia y transparencia de la contratación estatal, busca simplificar los procesos de selección, fortalece el Registro Único de Proponentes (RUP), pone en funcionamiento el Sistema Electrónico para
La nueva ley en su casi totalidad entrará en vigencia en seis (6) meses, con excepción del artículo 6° que entrará a regir a los dieciocho (18) meses y los artículos 9° y 17 contados a partir de su promulgación (DO. 46.691, jul. 16/2007).
En relación con la derogatoria el artículo 32 de
“Quedan derogados los siguientes artículos de
También se derogan las siguientes disposiciones: El parágrafo 2º del artículo 50 de
Las normas del Estatuto General de Contratación Pública preferirán a cualquiera otra sobre la materia, con excepción de aquellas de naturaleza estatutaria u orgánica. En consecuencia, la derogatoria de las normas del Estatuto General de Contratación Pública solo podrán hacerse de manera expresa, mediante su precisa identificación”.
Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.
LEY NUMERO 1150 DE 2007
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
El Congreso de
DECRETA:
ART. 1°—Objeto. La presente ley tiene por objeto introducir modificaciones en
TITULO 1
De la eficiencia y de la transparencia
ART. 2°—De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2°, 3° y4° del presente artículo.
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.
2. Selección abreviada. La selección abreviad a corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Serán causales de selección abreviada las siguientes:
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así 10 señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en
d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial;
e) La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere
En los procesos de enajenación de los bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos de subasta y en general de todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho privado, siempre y cuando en desarrollo del proceso de enajenación se garantice la transparencia, la eficiencia y la selección objetiva.
En todo caso, para la venta de los bienes se debe tener como base el valor del avalúo comercial y ajustar dicho avalúo de acuerdo a los gastos asociados al tiempo de comercialización esperada, administración, impuestos y mantenimiento, para determinar el precio mínimo al que se debe enajenar el bien, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
La enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para
El reglamento deberá determinar la forma de selección, a través de invitación pública de los profesionales inmobiliarios, que actuarán como promotores de las ventas, que a su vez, a efecto de avalúos de los bienes, se servirán de avaluadores debidamente inscritos en el registro nacional de avaluadores y quienes responderán por sus actos solidariamente con los promotores.
Las reglas y procedimientos que deberán atender la administración y los promotores y la publicidad del proceso deberán garantizar la libre concurrencia y oportunidad de quienes participen en el mismo.
Los bienes serán enajenados a través de venta directa en sobre cerrado o en pública subasta. La adjudicación para la venta directa deberá hacerse en audiencia pública, en donde se conozcan las ofertas iniciales y se efectúe un segundo ofrecimiento, frente al cual se adjudicará el bien a quien oferte el mejor precio. En la subasta pública, de acuerdo con el reglamento definido para su realización, el bien será adjudicado al mejor postor.
La venta implica la publicación previa de los bienes en un diario de amplia circulación nacional, con la determinación del precio base. El interesado en adquirir bienes deberá consignar al menos el 20% del valor base de venta para participar en la oferta;
f) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas;
g) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de
h) Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población desplazad a por la violencia, programas de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización, preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden;
i) La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.
3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.
De conformidad con las condiciones que señale e] reglamento, en desarrollo de estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de provectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado.
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:
a) Urgencia manifiesta;
b) Contratación de empréstitos;
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1° y 2º del presente artículo.
En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la colaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal.
Estarán exceptuados de la figura del contrato ínter administrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales;
d) La contratación de bienes y servicios en el sector defensa y en Ci Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para su adquisición;
e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas;
f) Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el acuerdo de reestructuración de pasivos a que se refieren las leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector público;
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado;
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;
i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles.
PAR. 1°—La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar.
PAR. 2°—El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las causales a que se refiere el numeral 2° del presente artículo, deberá observar 105 principios de transparencia, economía, responsabilidad y las siguientes reglas:
1. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos.
2. Para la selección a la que se refiere el literal b) del numeral 2° del presente artículo, será principio general la convocatoria pública y se podrán utilizar mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el número de participantes en el proceso de selección correspondiente cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Será responsabilidad del representante legal de la entidad estatal, adoptar las medidas necesarias con el propósito de garantizar la pulcritud del respectivo sorteo.
3. Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección, deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. Para la selección a la que se refiere el literal a) del numeral 2° del presente artículo, no serán aplicables los artículos 2° y 3° de
PAR. 3°—El Gobierno Nacional tendrá la facultad de estandarizar las condiciones generales de los pliegos de condiciones y los contratos de las entidades estatales, cuando se trate de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades.
PAR. 4°—Las entidades estatales no podrán exigir el pago de valor alguno por el derecho a participar en un proceso de selección, razón por la cual no podrán ser objeto de cobro los pliegos de condiciones correspondientes.
Respecto de la expedición de copias de estos documentos se seguirá lo dispuesto en el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo.
PAR. 5°—Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2° del literal a) del numeral 2° del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo.
La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco de precios, le dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad que mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos.
En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de compra y el respectivo proveedor se formará un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo acuerdo.
El Gobierno Nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios. El reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios se hará obligatorio para las entidades de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, sometidas al Estatuto General de Contratación de
En el caso de los organismos autónomos y de las ramas legislativa y judicial, así corno las entidades territoriales, las mismas podrán diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los acuerdos marco a que se refiere el inciso anterior.
PAR. TRANS.—Hasta tanto el Gobierno Nacional no expidiere el reglamento respectivo, no se podrá hacer uso de la selección abreviada como modalidad de selección.
ART. 3°-—De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo dispuesto en
Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el numeral 3° del artículo 30 de
Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para
a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artículo 2° de la presente lev según lo defina el reglamento;
b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía;
c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos y;
d) Integrará el registro único empresarial de las cámaras de comercio, el diario único de contratación estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública. Así mismo, se articulará con el Sistema de Información para
PAR. 1°—En ningún caso la administración del Secop supondrá la creación de una nueva entidad.
El Secop será administrado por el organismo que designe el Gobierno Nacional, sin perjuicio de la autonomía que respecto del SICE confiere
PAR. 2°—En el marco de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61 y 62 de
ART. 4°—De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.
En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.
ART. 5°—De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4° del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las cámaras de comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación.
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, su L que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1° del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido.
4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.
PAR. 1°—La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberá ser solicitado hasta el momento previo a su realización.
PAR. 2°—Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos.
ART. 6°—De la verificación de las condiciones de los proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el registro único de proponentes del registro único empresarial de la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
No se requerirá de es te registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes.
En dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del pro- ponente, que se establecerá de conformidad con los factores de calificación y clasificación que defina el reglamento. El puntaje resultante de la calificación de estos factores se entenderá como la capacidad máxima de contratación del inscrito.
6.1. De la calificación y clasificación de los inscritos. Corresponderá a 105 proponentes calificarse y clasificarse en el registro de conformidad con los documentos aportados. Las cámaras de comercio harán la verificación documental de la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro.
La calificación y clasificación certificada de conformidad con el presente artículo será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar. En tal sentido, la verificación las condiciones establecidas en el numeral 1° del artículo 5º de la presente ley, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba utilizar- separa efectuar la inscripción en el registro.
No obstante lo anterior, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.
Cuando la información presentada ante la cámara de comercio no sea suficiente, sea inconsistente o no contenga la totalidad de los elementos señalados en el reglamento para su existencia y validez, esta se abstendrá de realizar la inscripción, renovación o modificación que corresponda, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.
La información deberá mantenerse actualizada y renovarse en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento.
6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. Las entidades estatales enviarán mensualmente a la cámara de comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados.
Las condiciones de remisión de la información y los plazos de permanencia de la misma en el registro serán señalados por el Gobierno Nacional.
El servidor público encargado de remitir la información, que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta.
6.3. De la impugnación de la calificación y clasificación. Realizada la verificación a que se refiere el numeral 6.1 del presente artículo, la cámara publicará el acto de inscripción, contra el cual cualquier persona podrá interponer recurso de reposición ante la respectiva cámara de comercio, durante los treinta (30) días siguientes a la publicación, sin que para ello requiera demostrar interés alguno. Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito.
Contra la decisión que resuelva el recurso de reposición, no procederá apelación.
En firme la calificación y clasificación del inscrito, cualquier persona podrá demandar su nulidad en desarrollo de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Para el efecto será competente el juez de lo Contencioso Administrativo en única instancia.
La presentación de la demanda no suspenderá la calificación y clasificación del inscrito, ni será causal de suspensión de los procesos de selección en curso en los que el proponente sea parte. El proceso se tramitará por el procedimiento ordinario a que se refiere el Código Contencioso Administrativo. Adoptada la decisión, la misma solo tendrá efectos hacia el futuro.
Cuando en desarrollo de un proceso de selección una entidad estatal advierta la existencia de posibles irregularidades en el contenido de la información del registro, que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos exigidos al proponente dentro del proceso de que se trate, podrá suspender el proceso de selección e impugnar ante la cámara de comercio la clasificación y calificación del inscrito, para lo cual no estarán obligadas a prestar caución. Para el trámite y adopción de la decisión las cámaras de comercio tendrán un plazo de treinta (30) días. De no haberse adoptado una decisión en el término anterior, la entidad reanudará el proceso de selección de acuerdo con la información certificada en el RUD.
En el evento en que la cámara de comercio establezca la existencia de graves inconsistencias que harán alterado en su favor la ca1ificación clasificación del inscrito, se le cancelará la inscripción en el registro quedando en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de cinco (5) años perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. En caso de reincidencia la inhabilidad será permanente.
Las mismas sanciones previstas en el inciso anterior se predicarán en el evento en que el Juez de lo Contencioso Administrativo o declare la nulidad del acto de inscripción.
La información contenida en el registro es pública y su consulta será gratuita.
PAR. 1 —Para poder participar en 105 procesos de selección de los contratos de obra y demás que señale el reglamento, la capacidad residual del preponente K de contratación deberá ser igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.
Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá dar lugar a que los valores que sean cancelados al contratista se consideren para establecer el real K de contratación, en cada oportunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
PAR. 2º —El reglamento señalará las condiciones de verificación de la información a que se refiere el numeral 1° del artículo 5°. a cargo de cada entidad contratante, para el caso de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, o en aquellos casos en que en el proceso de selección, se hayan utilizado sistemas de precalificación.
El reglamento señalará de manera taxativa los documentos objeto de la verificación a que se refiere el numeral 1º del artículo 6°.
PAR. 3°—El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las cámaras de comercio por concepto de la inscripción en el registro, así como por su renovación, modificación, actualización, y por las certificaciones que le sean solicitadas en relación con el mismo. Para tal efecto, el gobierno deberá tener en cuenta el costo en que incurran las cámaras de comercio para la operación del registro, la expedición de certificados, y los trámites de impugnación.
ART. 7 —De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de lOS ofrecimientos hechos.
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.
Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento dolos contratos estatales.
El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser decidida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relate los a la ejecución del respectivo contrato.
El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare.
Las garantías no serán obligatorias en los contrates de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro yen los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así corno en los demás que señale el reglamento.
PAR. TRANS.—Durante el período que transcurra entre la entrada en vigencia de la reforma contenida en la presente ley y la expedición del decreto reglamentario a que se refiere este artículo, las entidades estatales continuarán aplicando las normas legales y reglamentarias vigentes.
ART. 8º—-De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos. Con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones a su contenido, las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna.
La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.
Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios ‘‘documentos previos que sirvieron de base para su elaboración.
Las entidades deberán publicar las razones por las cuales se acogen o rechazan las observaciones a los proyectos de pliegos.
ART. 9°—De la adjudicación. En el evento previsto en e1 artículo 273 de
Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación.
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad incompatibilidad o sise demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de
Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de
ART. 10.—Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales. Las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes solidarios de carácter público estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de
ART. 11—Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Si el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, ven este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES PARA
CON RECURSOS PÚBLICOS
ART. 12.—De la promoción del desarrollo. En los pliegos de condiciones las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 y en los artículos 333 y 334 de
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la presente ley, para que las Mipymes departamentales, locales o regionales puedan participar en las convocatorias a que se refiere el inciso anterior, deberán acreditar como mínimo un (1) año de existencia.
PAR. 1º—En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las entidades y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos
PAR. 2°-—El gobierno adoptará medidas que obliguen la inclusión en los pliegos de condiciones, de la subcontratación preferente de las Mipymes en la ejecución de los contratos, cuando a ello hubiere lugar, y establecerá líneas de crédito blando para la generación de capacidad financiera y de organización de los proponentes asociados en Mipymes.
PAR. 3°—Las medidas relativas a la contratación estatal para las Mipymes, no son aplicables a las entidades vigiladas por
ART. 13.—Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de
ART. 14.—Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de
El régimen contractual de las empresas que no se encuentren exceptuadas en los términos señalados en el inciso anterior, será el previsto en el literal g) del numeral 2° del artículo 2° de la presente lev.
ART. 15.—Del régimen contractual de las entidades financieras estatales. El parágrafo 1° del artículo 32 de
“ART. 32.— “PAR. 1°—Los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley”.
ART. 16.—De las entidades exceptuadas en el sector defensa. Los contratos que celebren Satena, Indumil, El Hotel Tequendama,
En todo caso su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley.
TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS
ART. 17.—Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rectoren materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de
PAR.—La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.
PAR. TRANS.—Las facultades previstas en este ‘°ulo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.
ART. 18.—De las inhabilidades para contratar. Adiciónese un literal al numeral l” y un inciso al parágrafo 1°, del artículo 8° de
“ART. 8°—
j) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedad es de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas”.
PAR. 1°—
(...).
En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio.
ART. 19.—Del derecho de turno. El artículo 40 de
“ART. “10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Solo por razones de interés público, eljefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.
Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho turno. Dicho registro será público.
Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes cumplimiento de requisitos previstos en contrato del cual se derivan”.
ART. 20—De la contratación con organismos internacionales. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.
Los contratos o convenios celebrados personas extranjeras de derecho público organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de
Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.
PAR. 1°—Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos.
PAR. 2°—Las entidades estatales tendrán la obligación de reportar la información a los organismos de control y al SECOP relativa a la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo.
PAR. 3°—En todo proyecto de cooperación que involucre recursos estatales se deberán cuantificar en moneda nacional, los aportes en especie de la entidad, organización o persona cooperante, así corno los del ente nacional colombiano. Las contralorías ejercerán el control fiscal sobre los proyectos y contratos celebrados con organismos multilaterales.
ART. 21—De la delegación y la desconcentración para contratar. El artículo 12 de
En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
PAR—Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, controlas actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso”.
ART. 22.—Del recurso de anulación contra los laudos arbitrales. El artículo 72 de
“ART. 72.—Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes ala notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.
El recurso se surtirá antelo Sección Tercera de
Son causales de anulación del laudo las previstas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 olas normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan”.
ART. 23.—De los aportes al sistema de seguridad social. El inciso segundo y el parágrafo
“ART. 41.— Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como i05 propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
PAR. 1°—El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
ART, 24.—Del régimen contractual de las corporaciones autónomas regionales. La contratación de las corporaciones autónomas regionales incluida
ART. 25— De la inversión en fondos comunes ordinarios. El inciso 4° del numeral 50 del artículo 32 de
“ART. 32.—De los contratos estatales.
(...).
La selección de las sociedades fiduciarias a contratar, sea pública o privada, se hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto en esta ley. No obstante, los excedentes de tesorería de las entidades estatales, se podrán invertir directamente en fondos comunes ordinarios administrados por sociedades fiduciarias, sin necesidad de acudir a un proceso de licitación pública”.
ART. 26.—Del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade se regirá por las normas del Estatuto General de Contratación de
ART. 27.—De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. El término de duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, será de diez (10) años prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá prórrogas automáticas ni gratuitas.
ART. 28.—De la prórroga o adición de concesiones de obra pública. En los contratos de concesión de obra pública, podrá haber prórroga o adición hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado, independientemente del monto de la inversión, siempre que se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y económicos. Respecto de concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial.
Toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES.
No habrá prórrogas automáticas en los contratos de concesiones.
ART. 29.—Elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de alumbrado público. Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a
ART. 30.—De la compilación de normas. Autorizase al Gobierno Nacional para que pueda compilar las normas de esta ley y
ART. 31—Régimen de transición. Los procesos de contratación en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su iniciación. Los contratos o convenios a que se refiere el artículo 20 de la presente ley que se encuentren en ejecución al momento de su entrada en vigencia, continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su celebración hasta su liquidación, sin que sea posible adicionarlos ni prorrogados.
ART. 32—Derogatoria. A partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogados los sientes artículos de
El parágrafo del artículo 2°; la expresión “además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado” del inciso segundo del artículo 3°; el inciso 4° del artículo 13, el artículo 22; el numeral 1° y el parágrafo 1° del artículo 24; el inciso 2° del numeral 15, el numeral 19 y la expresión “la exigencia de los diseños no regirán cuando el objeto de la contratación sea la de construcción o fabricación con diseños de los proponentes” del inciso segundo numeral 12 del artículo 25, el artículo 29, el numeral 11 del artículo 30, el artículo 36, el parágrafo del artículo 39 y el inciso 1° del artículo 60 con excepción de la expresión “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación” el artículo 61y las expresiones “concurso” y “términos de referencia” incluidas a lo largo del texto de
También se derogan las siguientes disposiciones: El parágrafo 2° del artículo 50 de
Las normas del Estatuto General de Contratación Pública preferirán a cualquiera otra sobre la materia, con excepción de aquellas de naturaleza estatutaria u orgánica. En consecuencia, la derogatoria de las normas del Estatuto General de Contratación Pública solo podrá hacerse de manera expresa, mediante su precisa identificación.
ART. 33.—Vigencia. La presente ley empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación, con excepción del artículo 6° que entrará a regir a los dieciocho (18) meses de su promulgación.
PAR. 1—En tanto no entre en vigor el artículo 6° de la presente ley las entidades podrán verificar la información de los proponentes a que se refiere el numeral 1° del artículo 5° de la presente ley.
PAR. 2°—Los artículos 9° y 17 entrarán a regir una vez se promulgue la presente ley.
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D.C., a 16 de julio de 2007.
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